Un representante del Vaticano expresó a las Naciones Unidas la preocupación de la Santa Sede por la reinterpretación de los derechos humanos, y recordó que “las leyes existen, no para causar la muerte, sino para proteger la vida y facilitar la convivencia entre los seres humanos”.

El 6 de octubre, el Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, Mons. Gabriele Caccia, indicó en un comunicado que la reinterpretación de los derechos humanos beneficia a los poderosos a expensas de los débiles.

Durante la 75° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Mons. Caccia indicó que el Vaticano está profundamente preocupado por “la creciente presión para reinterpretar los fundamentos mismos de los derechos humanos y comprometer su unidad interior para alejarse de la protección de la dignidad humana y satisfacer intereses políticos y económicos”.

“Este enfoque crea una jerarquía de derechos humanos al relativizar la dignidad humana y asignar más valor y derechos a los fuertes y saludables, mientras descarta a los débiles”, lamentó.

El Prelado criticó específicamente la promoción del aborto y la eutanasia como supuestos “derechos”.

“Esta falta de comprensión de la naturaleza y la realidad de los derechos humanos conduce a graves desigualdades e injusticias, como ignorar a los niños en el útero y tratar la vida de los ancianos y las personas con discapacidad como una carga insoportable para la sociedad”, agregó.

Mons. Caccia citó el Samaritanus bonus, una carta publicada el mes pasado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, e indicó que “así como no existe el derecho al aborto, tampoco existe el derecho a la eutanasia”.

“Las leyes existen, no para causar la muerte, sino para proteger la vida y facilitar la convivencia entre los seres humanos”, añadió.

Además, señaló que el carácter sagrado de la vida humana impulsó al Vaticano a oponerse a la pena de muerte.

Los comentarios de Mons. Caccia son parte de una serie de intervenciones del Vaticano ante la ONU como una forma de promover la cooperación internacional.

A fines del mes pasado, el Papa Francisco lamentó la promoción del aborto por “algunos países e instituciones internacionales” en un mensaje a la Asamblea General de la ONU y pidió la reforma del organismo intergubernamental en su nueva encíclica, “Fratelli tutti”, que fue publicada el 4 de octubre.

El secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, ofreció una evaluación crítica sobre los 75 años de historia de la ONU en su discurso ante la Asamblea General.

“Las Naciones Unidas no son perfectas y no siempre han estado a la altura de su nombre e ideales, y se han perjudicado a sí mismas cuando los intereses particulares han triunfado sobre el bien común”, resaltó.

Durante su declaración, Mons. Caccia abordó también las desigualdades acrecentadas por la pandemia del coronavirus, la violencia contra las mujeres, los derechos de los niños, el bienestar de los pueblos indígenas, el racismo y la justicia penal.

El Prelado señaló que el virus, que ha matado a más de un millón de personas en todo el mundo, ha “impactado dramáticamente” a los ancianos y discapacitados, y resaltó que las “oleadas de desempleo y subempleo” resultantes han creado temor en los jóvenes por el futuro.

Asimismo, pidió mayores esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas y lamentó que estos ataques han aumentado con el brote de COVID-19.

Mons. Caccia añadió que la crisis tiene “efectos devastadores” en los niños, millones de los cuales no pueden regresar a la escuela y están en riesgo de explotación, y dijo que la pandemia ha empeorado las condiciones de los pueblos indígenas, que luchan por obtener medicinas, alimentos y agua en medio de restricciones a nivel nacional.

El Prelado lamentó el “preocupante resurgimiento del nacionalismo agresivo, la violencia étnica y el fenómeno generalizado de la discriminación racial” e indicó que la pandemia presenta nuevos desafíos para combatir la trata de personas, el narcotráfico y la corrupción.

Finalmente, Mons. Caccia señaló que “los derechos humanos nunca serán plena y universalmente reconocidos a menos que todos los estados, especialmente aquellos en conflicto, se comprometan de buena fe con esta organización internacional y trabajen juntos para alcanzar este objetivo”.

“El consenso internacional requiere dejar de lado los conflictos ideológicos y también las concepciones de la persona humana en las que no se respetan la dignidad, los derechos y las libertades del otro”, concluyó.