Aunque se haya producido un incremento en la cantidad y celeridad del trasiego de la información relacionada con
los desastres, existe un sesgo insistente y arraigado que le otorga, a la naturaleza, la responsabilidad de los daños
y pérdidas económicas, sociales y de vidas humanas cuando se materializa una amenaza natural (sismicidad,
tsunami, ciclones, inundación, volcanismo, inestabilidad de laderas, sequías). Sin embargo, si bien la causa original
puede ser alguna o una combinación de esas amenazas, el mayor problema es la vulnerabilidad cuando se deriva de
los grados de exposición y fragilidad de los elementos que generan y dinamizan la vida humana y su calidad, incluidos
el ambiente y los recursos naturales. Los desastres, cuando se les califica de “naturales”, se han convertido en
la excusa perfecta para ocultar la ineficiencia, ausencia de procesos de planificación del desarrollo, negligencia e
incompetencia en la gestión de los aspectos básicos y de las acciones de prevención y mitigación, particularmente
en el tema del ordenamiento territorial. El énfasis se sigue enfocando en la respuesta, ante la materialización de las
amenazas inminente. La gestión del riesgo sigue siendo considerada como un costo y no como una inversión;
además, está prácticamente fuera de las prioridades de los tomadores de decisiones políticas y empresariales. El
criterio de la “gestión del riesgo de desastres” demuestra que todavía no hay voluntad de enfocarse, con prioridad, en
el riesgo y no en los desastres, en lugar de que quede claro que los principios de la gestión no deben limitarse a las
situaciones que vinculan las amenazas, la vulnerabilidad y los daños potenciales, aunque no necesariamente conduzcan a la materialización de un desastre.