Editorial perióico Acento. Por: Franklin Pimentel.
-En nuestro pasado artículo nos referimos al informe presentado recientemente por la UNICEF, titulado “niños y niñas fuera de la escuela en la República Dominicanas”; dicho estudio presenta el problema de la exclusión de niños, niñas y adolescentes de los centros de aprendizaje y de los niveles de educación que sustentan el Sistema Educativo Dominicano. En el presente artículo se llamará a la atención sobre la necesidad de la inclusión educativa de adolescentes, jóvenes y adultos, mayores de 15 años, excluidos de las oportunidades educativas, por diferentes causas y motivos.
La Conferencia Mundial por la Educación de Jomtien (Tailandia, 1990), proclamó que el derecho a una buena educación debe ser ejercido a lo largo de toda la vida. La Constitución Dominicana, por su parte, afirma: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones” (art. 63).
La Ley General de Educación en su art. 51 definió al Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, como, “el proceso integral y permanente, destinado a lograr, tanto la formación de los adultos que por diferentes motivos no pudieron recibir la educación sistemática regular, como la de aquellos, que habiéndola recibido a Nivel Básico y Medio, deseen adquirir formación en el campo profesional para integrarse al desarrollo laboral, productivo del país y para su autorrealización”.
La educación de personas jóvenes y adultas en el Sistema Educativo Dominicano, cuyos orígenes se sitúan en los años 40 del siglo pasado, necesita ser visibilizada, apoyada y fortalecida. Para esto se requiere que los tomadores de decisiones, las y los participantes y las organizaciones comunitarias, así como las y los educadores del Sistema educativo a todos los niveles, local, municipal, provincial y nacional entiendan y asuman su rol, ya que la educación de niños, niñas y adolescentes puede fortalecerse cuando las y los integrantes de las familias: madres, padres, tutores… tienen la capacidad de acompañar a sus hijos, hijas, sobrinos/as, nietos/as en su proceso de crecimiento, de aprendizaje y formación integral.
Se calcula que en el territorio dominicano conviven más de tres millones de personas, mayores de 15 años, que no han concluido la educación básica y cerca de 5 millones que no han concluido la educación secundaria. A este número debemos agregar todos los niños y niñas que el sistema educativo excluye por motivos de falta de oportunidades, por “sobreedad” y por discapacidades físicas y mentales, por pobreza o miseria extrema, por asumir un trabajo a temprana edad, o simplemente por falta de escuelas, de directivos, o de maestras y maestros capacitados y comprometidos.
Solo cerca de un 5% de los posibles demandantes de la educación de personas jóvenes y adultas están integrados en algunos de los niveles y proyectos de la educación de personas jóvenes y adultas, en el subsistema de educación de personas jóvenes y adultas. Hay cerca de 160,000 personas en el nivel secundario (programa PREPARA); 100,000 en la educación básica y unas 14,000 en las escuelas laborales.
En los últimos 5 años (2013-2018) se ha estado desarrollando el Plan Nacional de Alfabetización, en el cual han participado un número significativo de personas participantes, así como de educadoras, educadores, personal técnico y organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. Y aunque dicho plan se diseñó con 5 propósitos u objetivos, entre los cuales está la alfabetización inicial como primera etapa, y la continuidad educativa en la educación básica y la formación para el trabajo, como segundo y tercer objetivos; en el fondo dicho plan se convirtió, en la práctica, en una campaña más de las que se han realizado en América Latina y El Caribe, pues cuando la mayor parte de las y los participantes concluyó la primera etapa no se tuvo la oportunidad real de continuar estudiando, bajo una metodología y unas condiciones parecidas a las que tenía en la primera etapa.
Desde la Dirección Nacional del Subsistema de Personas Jóvenes y Adultas y desde las direcciones regionales y municipales del MINERD ha habido un esfuerzo significativo en los últimos años para desarrollar un modelo flexible de educación de personas jóvenes y adultas realmente contextualizado y pertinente para la realidad social, económica y cultural de las personas jóvenes y adultas, provenientes, en su mayor parte, de sectores sociales excluidos. En este sentido ha habido avances en su aplicación en algunos lugares del país, como en las provincias de La Vega y Juan Sánchez Ramírez.
En algunas reuniones sostenidas la semana pasada y en esta semana con educadoras, educadores y personal técnico, en La Vega, Cotuí y Santo Domingo, el consultor guatemalteco Francisco Cabrera ha presentado una sistematización sobre los planes pilotos desarrollados en centros de aprendizaje de Jarabacoa y Cotuí respectivamente. Dichos proyectos ofrecen la posibilidad de continuar estudiando a la población joven y adulta y en particular a quienes provienen de Quisqueya Aprende Contigo. En el Manuel Ubaldo Gómez, de Jarabacoa, por ejemplo, hay unos 50 grupos de estudiantes. Unos 15 se reúnen en el plantel del centro, pero la mayor parte, unos 45, se reúnen en sus respectivas comunidades, apoyados por un/a educador/a inserto en el contexto comunitario. A estos grupos les llamamos Espacios de Aprendizaje.
El gran desafío es seguir generando oportunidades dignas de inclusión educativa para las personas jóvenes y adultas. Para que eso suceda se necesita en primer lugar el compromiso de las y los participantes; el apoyo de las y los tomadores de decisiones del MINERD y de los diferentes actores: directivos, educadores de los centros y espacios de aprendizaje, personal técnico, así como de los líderes comunitarios, a fin de crear las condiciones para que el nuevo modelo de educación de personas jóvenes y adultas avance significativamente. En este proceso la adecuada selección de directivos de centros de aprendizaje, de educadores, educadoras, el desarrollo de procesos de acompañamiento, así como el oportuno financiamiento estatal, son elementos determinantes.
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