En declaraciones recientes aparecidas en la prensa, el presidente de la Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) informaba que 32 universidades dominicanas apoyaban la medida del MESCyT de no matricular más estudiantes dentro del plan denominado «Meta Presidencial sobre Formación Docente para la Excelencia». Este plan cubría los años 2016-2020 y se proponía formar 20 mil docentes de calidad para las aulas dominicanas. 

La misma nota periodística informaba que al posicionamiento de la ADOU se ha unido la otra asociación de actores clave de la educación superior dominicana, la Asociación Dominicana de Rectores de Universidad (ADRU). Se informaba además que este consenso era el resultado de una reunión celebrada en el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Esta noticia debe llevar a preocupación porque se están confundiendo niveles bien diferentes de la problemática y gestando una solución errada. Una decisión equivocada al respecto puede tener como resultado que se eche en saco roto el esfuerzo que se viene haciendo desde hace años por mejorar la calidad de la educación dominicana. 

El recuento de lo que sucede con la formación docente debe llevar a plantear soluciones racionales y equitativas en todos los sentidos. Ante todo, debe evitarse recomponer los hechos bajo el presupuesto de que el programa «Meta presidencial sobre Formación Docente para la Excelencia» constituye el eje del problema y que, por tanto, todo lo relacionado con él debe ser eliminado. La tarea consiste más bien en evaluar el nuevo escenario mundial que enfrentamos respondiendo con nuevos bríos a la misma pregunta que intentó responder ese plan: ¿cómo garantizar una educación de calidad para todos en República Dominicana, contando con el 4% del presupuesto nacional? Esta pregunta se ha perdido del foco.

El pasado 22 de diciembre de 2020, los rectores de las instituciones de educación superior recibieron una circular del ministro Franklin García solicitando que en los casos en que no se haya iniciado la formación de maestros «se abstengan de programar e iniciar nuevas carreras» de acuerdo a la Normativa para la Formación Docente de Calidad, de fecha 9 de diciembre de 2015. Este instrumento regula el formato que deben seguir las carreras de educación. En los corredores de la educación superior dominicana se conoce como «la Normativa 09-15». La circular del Ministro se valía de esta expresión consuetudinaria para especificar en primer lugar que las universidades debían limitarse a planificar solamente el primer cuatrimestre o trimestre del año 2021 de acuerdo con esa normativa. El orden argumentativo connota el resultado esperado y deseado de la evaluación: la eliminación de la normativa.

Teniendo como objetivo central la calidad de la formación docente, la Normativa 09-15 establece con carácter obligatorio la aplicación de una prueba de admisión para ingresar a la carrera docente. En su acápite sexto explica lo siguiente: «Esta prueba contiene dos componentes: -Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA). -Prueba estandarizada reconocida internacionalmente en procesos de selección de estudiantes para ingresar a estudios a nivel superior, validadas para su aplicación a nivel nacional». De no mostrar aptitudes para ser docente de acuerdo a estándares internacionales, el candidato no puede ser legalmente aceptado. 

Todo indica que los más altos responsables de la educación superior dominicana entienden que toda la Normativa 09-15 debe ser eliminada bajo el argumento de que las universidades no están pudiendo graduar el número de profesionales de la educación que necesita el país. 

Ciertamente, como todo documento legal, pasados los años, hace falta que la Normativa 09-15 se revise y se ajuste. Sin embargo, puede cuestionarse la motivación principal por la cual se está impulsado de manera precipitada esta evaluación. ¿Por qué sentenciar a muerte este instrumento que responde al Pacto Educativo firmado en abril de 2014, no a la «Meta presidencial sobre Formación Docente para la Excelencia», si los egresados formados bajo esta normativa son muy pocos y la mayoría aún no ha ingresado como docente al sistema educativo? 

Claramente, los motivos que llevan a escribir esta crónica de una muerte anunciada no son los resultados de indicadores de calidad, pues aún no se tienen. Lo que tamiza en estos momentos el proceso evaluativo son las quejas de las universidades dominicanas por la baja cantidad de estudiantes que la regulación les permite admitir. Sencillamente, se está sacrificando la apuesta por la calidad de toda la educación dominicana por una visión cortoplacista de equilibrios financieros.

En sus declaraciones a la prensa, José Alejandro Aybar, rector de la Universidad del Caribe y presidente de la ADOU, puso como ejemplo de los graves efectos de esta normativa la Universidad Tecnológica del Sur (Utesur). Esta «era una universidad que su mayor población era de estudiantes de educación, de un día para otro, se vieron en la situación de que no podían aceptar a ningún estudiante en esa carrera porque no pasaban las pruebas. Al momento en que se empezaron a aplicar, prácticamente, el 80 por ciento que tomaba la prueba no la pasaba».

Resulta éticamente preocupante que las universidades soliciten abiertamente al MESCyT que se elimine la prueba de ingreso para aumentar la cantidad de estudiantes que ingresan a las carreras de educación. Si se focaliza como único problema la rigurosidad de las pruebas de ingreso, la solución viene mal encaminada. Entendemos que el MESCyT, siguiendo la continuidad del Estado, no debe disponerse a evaluar la Normativa 09-15 teniendo esta visión cortoplacista entre sus motivaciones. 

El asunto es sumamente grave porque, de rebote, se está poniendo en juego todo el sistema educativo dominicano. Si el MESCyT y las máximas autoridades universitarias del país solo están pensando en unas cuántas matrículas que han perdido de las carreras de educación, ¿quién velará por la calidad de los futuros docentes preuniversitarios? Los líderes de las universidades no se están dando cuenta de que están sembrando su propia ruina. Malos docentes seguirán produciendo malos egresados de secundaria. En unos años, las universidades no solo se quedarán sin sus estudiantes de educación; no tendrán estudiantes capaces de estudiar ingeniería, ciencias de la salud o ciencias sociales. 

Señores responsables de la educación superior dominicana: si no toman la decisión correcta por razones éticas y no les interesa cumplir sacrificadamente con su misión específica de ofrecer los profesionales de calidad que el país necesita, háganlo por lo menos por conveniencia: ¡en unos años no tendrán estudiantes con un nivel mínimo para llenar sus aulas en cualquier carrera!

El momento es para responder con creatividad y empeño al desafío de la calidad educativa. La solución no puede consistir en bajar el estándar consensuado para contar con profesores de calidad. Los actores del sistema superior deben buscar estrategias para atraer más candidatos y mejores a las carreras de educación. A eso mismo debe apostar el MESCyT en su función estatal reguladora.  

Al mismo tiempo, se deben de buscar espacios de formación y actualización de los actuales docentes, lo que ofrecería de paso oportunidades de usar mejor los fondos del 4%, esa gran conquista ciudadana. Debe quedar bien claro por razones lógicas y éticas que bajar la calidad para aumentar el volumen de estudiantes de las carreras de educación no es aceptable ni conveniente. Podrá ser lo más rentable en lo inmediato para las universidades; pero será un monumento a la irracionalidad. Si sacrificamos la calidad de la educación para salvar coyunturalmente las finanzas de las universidades, nuestros niños y el sistema educativo preuniversitario sufrirán las consecuencias… y las mismas universidades acabarán pagando los platos que rompieron.