La utilización del tema migratorio como un arma de demagogia política y de rédito electoral o para desviar la atención de graves problemáticas que afronta el país, como la puesta en libertad de todos los implicados en el caso Odebrecht o la privatización poco a poco de nuestro deteriorado sistema público de salud, está sembrando un camino de exclusión, indiferencia y odio que afecta los derechos y la dignidad de las personas migrantes y daña las dinámicas sociales, comerciales y culturales entre Haití y República Dominicana. Por este motivo, instamos al gobierno y las autoridades dominicanas a la erradicación total e incondicional de toda forma de discriminación, y de este modo evitar recursos de amparo ante instancias judiciales por violación a los Derechos Fundamentales y acusaciones por incumplimiento a los acuerdos y tratados Internacionales libremente firmados por el país. Como Estado estamos llamados a ratificar y hacer nuestras las líneas básicas de la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Las relaciones interculturales basadas en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo serían un primer paso para crear espacios de convivencia que nos permitan resolver los conflictos mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la sinergia.

Como sociedad civil tenemos el mandato de recordarle al Gobierno que para ordenar la inmigración hay que garantizar los derechos adquiridos y promover procesos migratorios en coherencia con las expectativas que tienen los/as dominicanos/as residentes en el extranjero. Los datos objetivos de la realidad migratoria del país nos demuestran que se hace necesario pensar en una política migratoria amplia, con medidas efectivas, reactivar y fortalecer los canales de colaboración entre el Estado, empresarios y la sociedad civil, para introducir mejoras en la normativa y promover que la misma se convierta en un instrumento más eficaz y humano.

La política migratoria de nuestro país debe responder a las necesidades del mercado laboral, a los derechos humanos y a los derechos laborales de las personas migrantes. Para esto se requiere reformar el Reglamento 631-11 de la Ley de Migración, a fin de que el mismo no presione los flujos migratorios hacia la irregularidad, reducir la discrecionalidad en los procesos de toma de decisiones en la Dirección General de Migración en relación a las solicitudes de residencias y permisos de estudiantes, modernizar y establecer un mayor control en los puertos fronterizos en correspondencia con la importancia creciente del intercambio comercial y los problemas relativos al contrabando, el narcotráfico y el tráfico y trata de personas. Colocar la gestión y el control migratorio en manos de un cuerpo civil especializado e integrar el enfoque de derechos en la capacitación de los/as operadores/as de la aplicación de la política migratoria serían otros retos que se deberían empezar a plantear en el debate político y que podrían evitar la corrupción en la frontera.

Es preciso llamar la atención sobre las posibles dramáticas consecuencias del procedimiento consignado por parte del Estado Dominicano hacia las mujeres extranjeras, que al militarizar los centros de salud y ser negado su derecho básico a ser atendidas de emergencia en los hospitales públicos, pone en serio riesgo nuestro Estado Social y de Derecho, y las vidas de estas personas. Muchas de estas mujeres por temor a ser repatriadas o por sentirse acosadas, se pueden abstener de ir a dar a luz a las maternidades. Esto dispararía la mortalidad infantil y materna por falta de atención médica oportuna. También nos preocupa la tensión que genera la aplicación de esta disposición en la relación al juramento hipocrático. No es cónsona con un Estado de Derecho, la pretensión de convertir a médicos y enfermeros/as en agentes de migración y negar a mujeres que en la mayoría de los casos llevan años trabajando y viviendo en el país o están en unión libre con ciudadanos dominicanos el derecho a la salud, un derecho fundamental que está plasmado en el artículo 61 de la Constitución de la República. Atacar la red de corrupción que permite el tráfico y trata de personas y que se beneficia de ello, conforme a la Ley 137-03, debe de ser la prioridad por parte de las autoridades, lo que no parece justo es que siempre se centren en la población más vulnerable, en este caso las mujeres necesitadas de dar a luz en unas condiciones mínimas. Como cristianos estamos llamados a repensar nuestras acciones y a recordar lo que el Papa Francisco nos exhortaba sobre esta temática no hace mucho, “en la experiencia dolorosa de estos hermanos y hermanas, volvemos a ver la del niño Jesús, que en el momento de su nacimiento no encontró alojamiento y vio la luz en la gruta de Belén”.

Desde los Centros Sociales de la Compañía de Jesús, entendemos que como sociedad más que condenar a quien cae, se trata de cultivar un amor sin divisiones que defienda preferencialmente la vida, los Derechos Humanos y un compromiso con las personas socialmente excluidas, que hoy se manifiestan de manera especial en los rostros de miles de personas que se ven obligadas a migrar de sus tierras de origen y en muchas formas son excluidas en nuestro país.